Críticas a la «privatización» de la investigación de los incendios
La Confederación General del Trabajo defiende el carácter de «policía judicial» de los agentes medioambientales
La Confederación General del Trabajo califica de «ilegal» que
trabajadores por cuenta ajena realicen investigaciones de delitos y
elaboren los informes pertinentes, «siendo inefectivo y todo un
despilfarro» con la situación económica actual.
El representantes de la organización sindical , Cesáreo González, considera que del dinero destinado a empresas privadas para investigar los incendios, debe invertirse en proporcionar a los Agentes Medioambientales medios y material necesarios para que sean ellos quienes realicen estas investigaciones. González tacha de «paradójico» que sea la propia Administración quien proporcione a la empresa privada el material necesario para realizar ese tipo de trabajos.
La persecución del delito de incendio forestal es una parte fundamental dentro de la línea de actuación para reducir el número de incendios forestales en la comunidad autónoma. Con la privatización de la investigación sobre las causas de los incendios, se puede llegar a la conclusión que «la investigación solo se dirige a conocer la causa por la que se produce el incendio, no a llevar a cabo una investigación penal».
Desaparición de brigadas
CGT denunció también la desaparición de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales, una brigada mixta de agentes medioambientales y Guardia Civil. El artículo 18 del Decreto 89/2004, de 29 de julio, por el que se establece el operativo de lucha contra incendios forestales de Castilla y León y se regula el sistema de guardias, modificado por el Decreto 113/2007, establece que las funciones asignadas a las BIIF (Brigadas de Investigación de Incendios Forestales) serán desempeñadas por ingenieros de Montes, ingenieros técnicos forestales y agentes medioambientales o forestales adscritos al operativo. Las brigadas que fueron creadas en su momento, «han desaparecido».
CGT se ha pronunciado, en este sentido, tras la reunión del Consejo de Gobierno que informó de la contratación, por la vía de emergencia, del servicio de investigación de causas de incendios forestales en Castilla y León por importe de 79.644 euros.
La organización sindical precisa los cambios penales respecto a los incendios, así el anterior código penal regulaba los delitos de incendio en el ámbito de delitos contra la propiedad. Con un criterio más acertado el código vigente, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, regula los delitos de incendio forestal en su título 17 como delitos contra la seguridad colectiva, que se desarrolla en el capitulo segundo, sección segunda del mencionado título lleva la rúbrica «De los incendios forestales», contando con un total de cuatro artículos.
Los delitos de incendio forestal son delitos públicos, y por lo tanto tienen que ser investigados y perseguidos de oficio por la Policía Judicial, en ese sentido CGT se pregunta «¿cómo es posible que la Administración haya privatizado la investigación de los incendios forestales? y ¿por qué no son los funcionarios adscritos a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (Agentes Medioambientales o Forestales) los encargados de realizar las investigaciones?».
Desde la CGT se recalca el carácter de «policía judicial» de los agentes medioambientales y forestales en la investigación. El artículo 6, de la Ley 43/03 de Montes, modificada por la Ley 10/2006 define la figura de agente forestal como «funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad perteneciente a las administraciones publicas que, de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación corporativa especifica, tiene encomendadas, entre otras funciones, las de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico». Tanto la Instrucción nº 1/1986 como la nº 4/1990, ambas de la Fiscalía General del Estado establecen el carácter de policía judicial de la Guardería Forestal. El carácter de policía judicial lo ostenta el cuerpo de Agentes Medioambientales y Forestales desde 1882, pero que la comunidad autónoma ha intentado vaciar de contenido y de hecho, la Junta de Castilla y León ha evitado a toda costa que los Agentes de esta Comunidad Autónoma ostentaran esa condición.
Opinión de Zamora
El representantes de la organización sindical , Cesáreo González, considera que del dinero destinado a empresas privadas para investigar los incendios, debe invertirse en proporcionar a los Agentes Medioambientales medios y material necesarios para que sean ellos quienes realicen estas investigaciones. González tacha de «paradójico» que sea la propia Administración quien proporcione a la empresa privada el material necesario para realizar ese tipo de trabajos.
La persecución del delito de incendio forestal es una parte fundamental dentro de la línea de actuación para reducir el número de incendios forestales en la comunidad autónoma. Con la privatización de la investigación sobre las causas de los incendios, se puede llegar a la conclusión que «la investigación solo se dirige a conocer la causa por la que se produce el incendio, no a llevar a cabo una investigación penal».
Desaparición de brigadas
CGT denunció también la desaparición de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales, una brigada mixta de agentes medioambientales y Guardia Civil. El artículo 18 del Decreto 89/2004, de 29 de julio, por el que se establece el operativo de lucha contra incendios forestales de Castilla y León y se regula el sistema de guardias, modificado por el Decreto 113/2007, establece que las funciones asignadas a las BIIF (Brigadas de Investigación de Incendios Forestales) serán desempeñadas por ingenieros de Montes, ingenieros técnicos forestales y agentes medioambientales o forestales adscritos al operativo. Las brigadas que fueron creadas en su momento, «han desaparecido».
CGT se ha pronunciado, en este sentido, tras la reunión del Consejo de Gobierno que informó de la contratación, por la vía de emergencia, del servicio de investigación de causas de incendios forestales en Castilla y León por importe de 79.644 euros.
La organización sindical precisa los cambios penales respecto a los incendios, así el anterior código penal regulaba los delitos de incendio en el ámbito de delitos contra la propiedad. Con un criterio más acertado el código vigente, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, regula los delitos de incendio forestal en su título 17 como delitos contra la seguridad colectiva, que se desarrolla en el capitulo segundo, sección segunda del mencionado título lleva la rúbrica «De los incendios forestales», contando con un total de cuatro artículos.
Los delitos de incendio forestal son delitos públicos, y por lo tanto tienen que ser investigados y perseguidos de oficio por la Policía Judicial, en ese sentido CGT se pregunta «¿cómo es posible que la Administración haya privatizado la investigación de los incendios forestales? y ¿por qué no son los funcionarios adscritos a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (Agentes Medioambientales o Forestales) los encargados de realizar las investigaciones?».
Desde la CGT se recalca el carácter de «policía judicial» de los agentes medioambientales y forestales en la investigación. El artículo 6, de la Ley 43/03 de Montes, modificada por la Ley 10/2006 define la figura de agente forestal como «funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad perteneciente a las administraciones publicas que, de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación corporativa especifica, tiene encomendadas, entre otras funciones, las de policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico». Tanto la Instrucción nº 1/1986 como la nº 4/1990, ambas de la Fiscalía General del Estado establecen el carácter de policía judicial de la Guardería Forestal. El carácter de policía judicial lo ostenta el cuerpo de Agentes Medioambientales y Forestales desde 1882, pero que la comunidad autónoma ha intentado vaciar de contenido y de hecho, la Junta de Castilla y León ha evitado a toda costa que los Agentes de esta Comunidad Autónoma ostentaran esa condición.
Opinión de Zamora
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