La Confederación General del Trabajo califica de «ilegal» que
trabajadores por cuenta ajena realicen investigaciones de delitos y
elaboren los informes pertinentes, «siendo inefectivo y todo un
despilfarro» con la situación económica actual.
El representantes
de la organización sindical , Cesáreo González, considera que del
dinero destinado a empresas privadas para investigar los incendios, debe
invertirse en proporcionar a los Agentes Medioambientales medios y
material necesarios para que sean ellos quienes realicen estas
investigaciones. González tacha de «paradójico» que sea la propia
Administración quien proporcione a la empresa privada el material
necesario para realizar ese tipo de trabajos.
La persecución del
delito de incendio forestal es una parte fundamental dentro de la línea
de actuación para reducir el número de incendios forestales en la
comunidad autónoma. Con la privatización de la investigación sobre las
causas de los incendios, se puede llegar a la conclusión que «la
investigación solo se dirige a conocer la causa por la que se produce el
incendio, no a llevar a cabo una investigación penal».
Desaparición de brigadas
CGT
denunció también la desaparición de las Brigadas de Investigación de
Incendios Forestales, una brigada mixta de agentes medioambientales y
Guardia Civil. El artículo 18 del Decreto 89/2004, de 29 de julio, por
el que se establece el operativo de lucha contra incendios forestales de
Castilla y León y se regula el sistema de guardias, modificado por el
Decreto 113/2007, establece que las funciones asignadas a las BIIF
(Brigadas de Investigación de Incendios Forestales) serán desempeñadas
por ingenieros de Montes, ingenieros técnicos forestales y agentes
medioambientales o forestales adscritos al operativo. Las brigadas que
fueron creadas en su momento, «han desaparecido».
CGT se ha
pronunciado, en este sentido, tras la reunión del Consejo de Gobierno
que informó de la contratación, por la vía de emergencia, del servicio
de investigación de causas de incendios forestales en Castilla y León
por importe de 79.644 euros.
La organización sindical precisa los
cambios penales respecto a los incendios, así el anterior código penal
regulaba los delitos de incendio en el ámbito de delitos contra la
propiedad. Con un criterio más acertado el código vigente, aprobado por
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, regula los delitos de incendio
forestal en su título 17 como delitos contra la seguridad colectiva,
que se desarrolla en el capitulo segundo, sección segunda del mencionado
título lleva la rúbrica «De los incendios forestales», contando con un
total de cuatro artículos.
Los delitos de incendio forestal son
delitos públicos, y por lo tanto tienen que ser investigados y
perseguidos de oficio por la Policía Judicial, en ese sentido CGT se
pregunta «¿cómo es posible que la Administración haya privatizado la
investigación de los incendios forestales? y ¿por qué no son los
funcionarios adscritos a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente
(Agentes Medioambientales o Forestales) los encargados de realizar las
investigaciones?».
Desde la CGT se recalca el carácter de «policía
judicial» de los agentes medioambientales y forestales en la
investigación. El artículo 6, de la Ley 43/03 de Montes, modificada por
la Ley 10/2006 define la figura de agente forestal como «funcionario que
ostenta la condición de agente de la autoridad perteneciente a las
administraciones publicas que, de acuerdo con su propia normativa y con
independencia de la denominación corporativa especifica, tiene
encomendadas, entre otras funciones, las de policía y custodia de los
bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en
sentido genérico». Tanto la Instrucción nº 1/1986 como la nº 4/1990,
ambas de la Fiscalía General del Estado establecen el carácter de
policía judicial de la Guardería Forestal. El carácter de policía
judicial lo ostenta el cuerpo de Agentes Medioambientales y Forestales
desde 1882, pero que la comunidad autónoma ha intentado vaciar de
contenido y de hecho, la Junta de Castilla y León ha evitado a toda
costa que los Agentes de esta Comunidad Autónoma ostentaran esa
condición.
Opinión de Zamora
